El Senado francés aprobó este jueves la impopular reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron, que ahora debe recabar el visto bueno en la Asamblea Nacional, donde su adopción en la tarde se anuncia incierta.
“El Senado acaba de aprobar la reforma de las pensiones (…) Estaremos esta tarde en la Asamblea Nacional con la misma voluntad de que esta reforma esencial salga adelante”, tuiteó el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt.
Por 193 votos a favor y 114 en contra, el voto favorable de la cámara alta se daba por hecho, máxime cuando la controla la oposición de derecha de Los Republicanos (LR), aliada de Macron para sacar adelante su reforma.
El gobierno quiere retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42 como hasta ahora) para cobrar una pensión completa. Dos de cada tres franceses se oponen, según los sondeos.
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Sin embargo, el trámite en la Asamblea Nacional se anuncia más ajustado. La cámara baja debe pronunciarse a partir de las 15H00 sobre el proyecto de ley consensuado la víspera por una comisión integrada por siete senadores y siete diputados.
Macron perdió en junio la mayoría absoluta en la Asamblea y, ante el rechazo anunciado por lasoposiciones de izquierda y de ultraderecha, el voto favorable está a expensas de que algunos diputados de LR opuestos cambien de opinión.
El oficialismo multiplica desde el miércoles por la noche las reuniones de crisis para asegurarse que cuenta con una mayoría, que les evitaría activar un polémico procedimiento parlamentario: el artículo 49.3 de la Constitución.
Esto permitiría la adopción de la reforma sin el voto de los diputados, que sólo podrían frenarla si aprueban una moción de censura contra el gobierno de la primera ministra Élisabeth Borne. Algunos ya avanzaron que presentarán mociones.
Desde enero, Francia ha vivido las mayores protestas contra una reforma social en tres décadas, que podrían continuar incluso si las dos cámaras del Parlamento adoptan finalmente este jueves el proyecto.
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La oposición de izquierda prepara un recurso ante el Consejo Constitucional que retrasaría la promulgación del texto y daría tiempo a los opositores para utilizar sus últimos cartuchos, como reclamar un referéndum.