El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha celebrado la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra de Ucrania a territorio ruso.
Así, el encargado de la diplomacia ucraniana ha señalado que “las ruedas de la Justicia están girando”, y ha aseverado en su perfil de Twitter que “los delincuentes internacionales rendirán cuentas por robar niños y otros delitos internacionales”.
Junto al presidente Putin, el CPI también ha emitido una orden de arresto por el mismo motivo contra la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación Rusa, Maria Alekseievna Lvova-Belova, según ha hecho saber la corte este viernes en un comunicado.
El tribunal entiende “motivos razonables” para creer que Putin “tiene responsabilidad penal individual” por estos delitos, bien por su comisión “directa” o por haber sido incapaz de “ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos”.
Dijo que Putin “es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.
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La CPI dijo que su sala de instrucción encontró que había “motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de niños ucranianos”.
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El fiscal de la CPI, Karim Khan, declaró este mes tras una visita en Ucrania que los presuntos secuestros de niños eran objeto de “una investigación prioritaria”.
El tribunal, creado en 2002 para juzgar los peores crímenes cometidos en el mundo, investiga desde hace más de un año posibles crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos en Ucrania durante la ofensiva rusa.
Ni Rusia ni Ucrania son miembros de la CPI, pero Kiev aceptó la competencia del tribunal sobre su territorio y trabaja con el fiscal.
Los expertos admitieron que era poco probable que Moscú entregue a los sospechosos al tribunal. Rusia rechaza las acusaciones de crímenes de guerra.
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El jueves, una investigación respaldada por la ONU citó los ataques rusos contra civiles en Ucrania, incluida la tortura y el asesinato sistemáticos en las regiones ocupadas, entre los posibles problemas que equivalen a crímenes de guerra y posiblemente crímenes de lesa humanidad.
La amplia investigación también encontró delitos cometidos contra ucranianos en territorio ruso, incluidos niños ucranianos deportados a quienes se les impidió reunirse con sus familias, un sistema de “filtración” destinado a señalar a Reino Unido.
En su primer informe redactado desde que Rusia inició su ofensiva contra Ucrania, el 24 de febrero de 2022, la Comisión de investigación de la ONU concluye que “las situaciones que examinó respecto al traslado y la deportación de niños, dentro de Ucrania y a la Federación de Rusia respectivamente, violan el derecho internacional humanitario y constituyen un crimen de guerra”.
