Alejandro Toledo pasó sus últimas horas en territorio estadounidense antes de que se ejecutara la orden de extradición que Perú llevaba requiriendo contra el exmandatario desde el año 2017.
Fuentes de la agencia de noticias española EFE habían afirmado que el expresidente peruano había sido visto en el aeropuerto de Los Ángeles tras haber realizado un vuelo desde San Francisco y que desde ahí volaría esta madrugada a Lima.
Esta mañana efectivamente llegó al aeropuerto Jorge Chávez de Lima, a las 7.30 de la mañana, en un vuelo de Latam.
Esto es el fin de un periplo judicial que ha durado casi seis años y en el que Toledo ha intentado evitar por todos los cauces legales posibles regresar a su país natal para rendir cuentas ante la justicia peruana, que lo acusa de numerosos cargos de lavado de dinero y sobornos, además de la huida de su país.
El presidente del cambio que se vio manchado por Odebrecht
Alejandro Toledo fue elegido presidente en el año 2001 respaldado por el partido Perú Posible. Su victoria en ese año se dio tras un periodo especialmente convulso en la política peruana y en el que surgió un movimiento renovador que consiguió sacar del poder tras diez años al expresidente de extrema derecha Alberto Fujimori y evitó que completara un tercer mandato.
Toledo tenía un corte mucho más progresista que su antecesor y durante su legislatura en la presidencia el país vivió un periodo de estabilidad y crecimiento económico importante, llegando a culminar su mandato sin apenas incidencias y siendo relevado por Alan García en un traspaso de poder sin anomalías democráticas, una situación muy distante de la actual en Perú.
Sin embargo, años después de su salida, se le comenzó a señalar por estar involucrado en el escándalo de Odebrecht, una macrotrama de corrupción que involucró a cientos de políticos, empresas y figuras relevantes de América Latina y que sacudió el escenario político de Perú. Esta constructora brasileña sobornaba a altos cargos políticos a cambio de concesiones en infraestructuras en diversos países.
El caso que implica a Toledo gira en torno a la licitación de la construcción de la Ruta Interoceánica Sur que conecta Perú con Brasil a través de la Amazonía. Al parecer, durante su mandato, el expresidente favoreció la contratación de Odebrecht para la obra a cambio de 35 millones de dólares en total.
De hecho, la Fiscalía peruana ha solicitado para él penas de 20 años y 6 meses de cárcel por la concesión de los tramos 2 y 3 de esta carretera; 35 años por el tramo 4, y 16 años y 8 meses por supuesto lavado de dinero en el Caso Ecoteva, el primer caso por el que se le investigo y que consiste en una trama de lavado de dinero que puede estar relacionada con lo recibido por parte de Odebrecht.
Cuando el expresidente fue requerido para pasar a prisión preventiva y responder ante la justicia peruana, huyó hacia California junto con su esposa, un lugar donde había sido profesor en dos universidades. Desde ese momento, a inicios de 2017, comenzó la batalla porque regresara a Lima.
Durante los primeros años, Toledo disfrutó de libertad absoluta en Estados Unidos, pero en el año 2019 fue detenido por las autoridades estadounidenses y recluido en la cárcel de Santa Rita, a unas decenas de kilómetros de San Francisco. Un lugar donde no pasaría mucho tiempo, ya que durante la pandemia de coronavirus y aludiendo a un supuesto estado delicado de su salud salió de prisión y pasó el resto de tiempo, hasta la actualidad, en prisión domiciliaria.
Durante todo este tiempo, Toledo ha defendido su inocencia y ha intentado agotar todos los recursos legales posibles para evitar ser judicializado en su país, donde ha denunciado que el sistema carcelario y judicial lo «dejará morir».
El caso de Toledo es sólo uno de los muchos que han salpicado a políticos peruanos por Odebrecht. Su sucesor, Alan García, fue también investigado por lavado de dinero y recibimiento de sobornos durante su Gobierno (2006-2011) hasta que decidió quitarse la vida en abril de 2019.
La trama también salpicó por los mismos delitos al expresidente Ollanta Humala (2011-2016), quien actualmente cumple prisión junto con su esposa. Y el último mandatario en ser imputado fue Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), llegando a pasar varios años en prisión domiciliaria.
La imputación sucesiva de presidentes y miembros de la oposición por el caso Odebrecht -como Keiko Fujimori- es una de las causas de la actual crisis política que sufre Perú, que en los últimos años vive en un ciclo de inestabilidad en sus Gobiernos que ha hecho tambalear los cimientos democráticos en la nación andina.