Este martes 28 de marzo, el Ministerio de Gobernación de Nicaragua informó sobre la cancelación de la personalidad jurídica de 24 organizaciones no gubernamentales en el país, incluyendo a ocho que solicitaron su disolución voluntaria.
El Ministerio añadió que el cierre unilateral de 15 ONG se dio luego de hacer un análisis y encontrar que «estaban abandonadas», además de «incumplir entre tres y 14 años sus obligaciones conforme a las leyes que la regulan» o por «incumplir las leyes nacionales», como ocurrió con la estadounidense ‘Forward Edge International’.
Dentro de las que más llamaron la atención se encuentra la ‘Asociación María Auxiliadora Pro-Mujeres con Cáncer’, la cual brindaba atención a mujeres de escasos recursos que sufrían de cáncer cuello uterino y de mama.
El Ministerio argumentó que la asociación benéfica no reportó sus estados financieros durante dos años y que la junta directiva estaba vencida desde el 2021.
Las ONG se reducen cada vez más en Nicaragua
Con este nuevo anuncio, en Nicaragua se han cerrado al menos 3.372 ONG, casi la mitad de las 7.227 que estaban registradas en abril de 2018, así lo dio a conocer recientemente desde Costa Rica ‘Expediente ONG’, una agrupación de organizaciones nicaragüenses en el exilio.
Las autoridades aseguraron que procederán a decomisar los bienes muebles e inmuebles de las ONG y que serán traspasados a nombre del Estado nicaragüense mediante la Procuraduría General, exceptuando de esta medida a aquellas organizaciones que decidieron disolverse voluntariamente.
Las ONG son vistas como una amenaza para la estabilidad del gabinete de Nicolás Ortega, mientras que temas como libertad de prensa, educación, religión, cultura, entre otros, han sido fuertemente afectados por las decisiones del Gobierno.
Por su parte, el diputado sandinista, Filiberto Rodríguez, acusó a las ONG de tener planes para intentar sacar del poder al presidente Ortega utilizando los recursos económicos que reciben por medio de donaciones.
La versión de algunos diputados oficialistas es otra. Aseguran que el cierre de estas ONG hace parte de un «proceso de ordenamiento», ya que, según ellos, muchas de estas no estaban operando y se necesitaba una regulación.
La situación de derechos humanos en Nicaragua
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles de todo el país a protestar en contra de unas polémicas reformas de seguridad social y posteriormente pedían la renuncia del presidente Ortega, quien respondió violentamente en contra de los manifestantes.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante esos sucesos murieron al menos 355 personas, 2.000 quedaron heridos y más de 100.000 en el exilio, mientras que algunas organizaciones nicaragüenses elevan la cifra de muertos a 684.
La situación se volvió más tensa en 2021, cuando Ortega fue reelegido en medio de unos controvertidos comicios para su quinto mandato y el cuarto consecutivo, en el cual su esposa, Rosario Murillo, fue elegida para un segundo periodo como vicepresidenta de la nación.
Ortega envió a prisión a sus siete principales rivales políticos y a muchos otros opositores, líderes estudiantiles, empresarios y periodistas. Según la oposición, el país podría superar los 200 presos políticos.
Así, el país centroamericano se encuentra sumergido en una difícil crisis política y social, que deja el rompimiento de relaciones diplomáticas con distintos países, como recientemente lo hizo con el Vaticano.
Mientras tanto, miles de nicaragüenses han preferido vivir en el exilio y muchos otros han emprendido peligrosas caravanas de migrantes con el objetivo de huir de su país y buscar refugio en el exterior.