El régimen de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este miércoles la personalidad jurídica a una asociación de colaboradores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y a otras 21 ONG, incluidas 4 que solicitaron su disolución voluntaria.
La disolución de la Asociación de Excombatientes y Colaboradores del FSLN “Comandante Cesar Augusto Salinas Pinell”, inscrita desde el 20 de abril de 2015, fue aprobada por la ministra nicaragüense de Gobernación, María Amelia Coronel, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta, de Nicaragua.
Según Gobernación, esa asociación de sandinistas fue ilegalizada por incumplimiento, debido a que “no reportaron estados financieros del periodo 2015 a 2022″, y su junta directiva estaba vencida desde el 8 de febrero de 2017.
Con el cierre de esas 22 organizaciones no gubernamentales (ONG), suman al menos 3.348 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
En general, Gobernación argumentó que cerró de forma unilateral 18 ONG “por estar en abandono y tener entre 3 a 14 años de incumplimientos de sus obligaciones conforme a las leyes que los regulan”, y el resto por “disolución voluntaria”.
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El Estado decomisará bienes
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el régimen explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría General de la República con el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto a los que solicitaron la disolución voluntaria.
Entre las nuevas ONG ilegalizadas se encuentran la Asociación Nicaragüense de Hemofilia, Asociación Nicaragüense de Radiología e Imagen, Asociación de Acción Comunitaria y Esfuerzo, Asociación de Mujeres Trabajadoras del Sector Informal, y Asociación Nicaragüense de Enfermos de Parkinson.
Diputados sandinistas como Filiberto Rodríguez han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.
Miles de nicaragüenses salieron a las calles en abril de 2018 a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684 y el régimen de Ortega reconoce “más de 300″.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas de las 7.227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde entonces, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.