El país se ha convertido en una “máquina de matar”, creada para “infundir miedo”, son las acusaciones de dos organizaciones de defensa de los DD. HH. contra el Gobierno de Irán. Un informe conjunto de Derechos Humanos de Irán (IHR) y Juntos contra la Pena de Muerte (ECPM) apunta que en el país persa se ejecutaron al menos a 582 personas en 2022.
Una cifra muy superior a las de 333 penas de muerte que se registraron en 2021 y que supone un incremento de un 75 %. El motivo de este repunte reside en el contexto social que está atravesando el país, con una oleada de protestas durante 2022 tras la muerte Mahsa Amini supuestamente a manos de la Policía de la Moral, una joven de 22 años de etnia kurda que fue detenida por violar presuntamente las normas de vestimenta para las mujeres.
Las organizaciones apuntan que, debido a la presión internacional, el modus operandi que ha seguido Irán es reducir el número de personas ejecutadas por causas relacionadas con las protestas, pero hacerlo por otros cargos como método de intimidación.
Por eso, solo cuatro hombres han sido condenados y ahorcados por temas relacionados con las protestas, como una cortina de humo. Pero, según las organizaciones, más de cien manifestantes corren peligro de enfrentarse a penas de muerte.
Entre estos figuran dos manifestantes, Mohsen Shekari, de 22 años, y Majidreza Rahnavard, de 23, que fueron ejecutados los días 8 y 12 de diciembre de 2022. Rahnavard fue la segunda persona en ser ahorcada públicamente en 2022, algo que marcó el regreso de las ejecuciones a las calles tras dos años.
«Las reacciones internacionales a las condenas a muerte contra manifestantes han dificultado que la República Islámica proceda a sus ejecuciones (…) Para compensar, y con el fin de sembrar el miedo entre la población, las autoridades han intensificado las ejecuciones por cargos no políticos. Estas son las víctimas de bajo coste de la maquinaria de ejecución de la República Islámica «, apuntó Mahmood Amiry Moghaddam, de director de la organización IHR.
Además, el informe también apunta que los condenados a penas de muerte habrían sido “sistemáticamente torturados” para forzarlos a confesar los crímenes que se les había imputado.
La “tapadera” de las penas de muerte
Según los datos proporcionados por el mismo Gobierno iraní, el principal motivo de las ejecuciones en el país son crímenes relacionados con las drogas. El informe indica un dato curioso al respecto: estos crímenes por narcotráfico aumentaron justo después del inicio de las protestas, el 16 de septiembre de 2022. Algo que, según el documento, muestra que las imputaciones por tráfico serían en realidad una “tapadera”.
Las ejecuciones relacionadas con el narcotráfico habían disminuido a partir de 2017, cuando se lanzó una nueva ley antidrogas. No obstante, más de la mitad de los ejecutados después del inicio de las protestas, y el 44 % de las ejecuciones registradas en 2022, estuvieron relacionadas con drogas.
El informe también señala que las mujeres y los miembros de las minorías étnicas -como Masha Amini- son los más afectados por las penas de muerte, el 30 % de los condenados pertenecían a una minoría cuando solo representan entre el 2 % y el 6 % de la población de Irán. Sus condenas suelen estar relacionadas en la mayoría de los casos con delitos de estupefacientes.
«La pena de muerte forma parte de la discriminación sistemática y la represión generalizada a las que están sometidas las minorías étnicas de Irán», sostiene el documento.
El Ejecutivo decidió recurrir a este tipo de medidas ante la sublevación de la población, en especial de las mujeres, ante el código de vestimenta obligatorio en el país. Desde el inicio de las protestas, decenas de mujeres han publicado imágenes suyas en redes sociales sin el hiyab.
Algunas incluso se han atrevido a compartir fotografías en pantalones cortos o faldas en público -algo por lo que podrían ser detenidas-. Otros hombres, participes en la causa y contrarios al Gobierno, también han compartido fotos en pantalón corto, que también es un delito en el país.
Tras la muerte de Masha Amini y el descontento generalizado, el Gobierno ha intentado ser más laxo con el código de vestimenta, pero los grupos de DD. HH. lo acusan de intentar utilizar otros métodos de control como la pena de muerte.
Tanto de Derechos Humanos de Irán (IHR) como Juntos contra la Pena de Muerte (ECPM) recordaron en su publicación que la pena de muerte viola los derechos fundamentales de las personas y han pedido la acción de la comunidad internacional.
Según Amnistía Internacional, solo entre enero y febrero de 2023, las autoridades iraníes ya han ejecutado a 94 personas. En estos momentos, más de cien imputados esperan su veredicto sobre si serán ahorcados o no.