Murillo Karam, responsable de la llamada “verdad histórica”, como bautizó su cuestionada investigación sobre el caso, será enjuiciado penalmente por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia, informó este miércoles el Consejo de la Judicatura.
Esa pesquisa no acreditó la participación de militares en los hechos, a diferencia del informe de una comisión gubernamental difundido el pasado jueves, que asegura que autoridades civiles y castrenses, coludidas con narcotraficantes, intervinieron en este “crimen de Estado”.
Durante la audiencia de este miércoles, Murillo Karam, de 74 años, defendió la investigación de la Procuraduría General (PGR), entonces dependiente del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
“Puedo aceptar algunos errores, pudieron cometerse fallas, problemas y aceptar cosas que se hicieron mal, pero ninguno la ha podido tirar (su versión)”, dijo el exprocurador, según un periodista del diario Reforma presente en la diligencia.
La PGR, que endilgó la culpa a policías municipales ligados al cártel Guerreros Unidos, fue sustituida en 2019 por la Fiscalía General, ahora autónoma.
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Entre las pruebas que presentó la Fiscalía contra Murillo Karam destacaron las ruedas de prensa que ofreció sobre el caso, en las que aseguró que el cártel ordenó el secuestro y asesinato de los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa (estado de Guerrero, sur) para después incinerarlos y arrojar sus cenizas a un río.
La desaparición se produjo entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, cuando los alumnos intentaban apoderarse de autobuses en la localidad de Iguala (Guerrero) para viajar a Ciudad de México y participar en unas manifestaciones. Hasta ahora solo han sido identificados los restos de tres de los desaparecidos.
Otras seis personas fueron asesinadas esa noche, incluidos tres normalistas.
Investigación manipulada
La defensa del exfiscal descalificó las acusaciones, alegando que no se han presentado testigos que las corroboren, según un reportero en la sala.
También adujo que el delito de tortura prescribió en 2017, al no haberse presentado una acusación.
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El caso Ayotzinapa constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México, donde hay unos 100.000 desaparecidos, y generó una fuerte condena internacional.
Murillo Karam fue arrestado el viernes pasado en su casa de un exclusivo barrio capitalino, un día después de que una comisión gubernamental, que investiga los hechos desde 2019, difundiera un informe que rebate la “verdad histórica”.
Tras ese reporte, la justicia ordenó la captura de otras 83 personas, incluidos 20 militares y 44 policías, en el mayor remezón que ha tenido el caso.
Según las hipótesis de la comisión, los criminales pudieron haber ordenado la masacre al considerar que entre los estudiantes estaban infiltrados miembros de la banda enemiga Los Rojos, o porque al parecer en uno de los autobuses tomados había droga o dinero de Guerreros Unidos, sin que los jóvenes lo supieran.
Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Murillo Karam podría acogerse a un criterio de oportunidad con la Fiscalía para que revele datos sobre el crimen, así como nombres de otros funcionarios que participaron en las indagaciones.
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Según la comisión gubernamental, la “verdad histórica” fue una acción concertada desde el más alto nivel del gobierno” de Peña Nieto y “ocultó” los nexos de los criminales con agentes del Estado, para lo cual los delincuentes responsables fueron torturados y se manipuló la información.
Todo ello “entorpeció la búsqueda e investigación”, además que “generó vicios y deficiencias que obstaculizaron el acceso a la verdad y la justicia”, asegura el informe. Debido a las torturas, decenas de presuntos implicados recobraron la libertad. Otros 26 han muerto.
“¿Quién dio la orden?”
El criterio de oportunidad permitiría a la Fiscalía retirar la acción penal a cambio de que el acusado colabore con la justicia.
“Que Murillo Karam diga quién dio la orden (de configurar la ‘verdad histórica’)”, señaló López Obrador durante su rueda de prensa diaria.
El mandatario izquierdista también pidió nuevamente a Israel entregar a otro supuesto responsable, Tomás Zerón, exjefe de la gubernamental Agencia de Investigación Criminal, quien según la comisión habría ordenado manipular la escena del crimen.
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Murillo Karam llegó a ser un peso pesado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó a México 71 años ininterrumpidos hasta diciembre de 2000.
Como parte de las indagaciones, el gobierno de Peña Nieto aceptó la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su tercer informe de marzo pasado, ese grupo denunció manipulaciones y acusó a autoridades de haber ocultado información clave.
