Una conferencia sobre el estado de los derechos humanos en Cuba un año después de las protestas antigubernamentales más grandes de la historia reciente del país, se celebró este lunes en Washington con la participación de diversos actores de la Sociedad Civil.
Durante el evento Edgar Stuardo Ralón, Relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó que desde el 11 de julio de 2021 el organismo continental ha documentado seis olas represivas ocurridas en la Isla.
“La primera, el uso de la fuerza y campañas de intimidación y estigmatización. La segunda, detenciones arbitrarias, malos tratos y condiciones deplorables de detención. La tercera, la criminalización de manifestantes y persecución judicial y violaciones al debido proceso. La cuarta, cierre de espacios democráticos a través de estrategias represivas e intimidatorias dirigidas a desalentar nuevas manifestaciones sociales”, dijo Ralón en el foro celebrado en la sede de la CIDH.
“La quinta, la continuidad de la privación de libertad; los juicios sin garantías del debido proceso y la sexta, propuestas legislativas dirigidas a limitar, vigilar y punir expresiones de incidentes y críticas al gobierno, así como criminalizar el actuar de organizaciones de la sociedad civil independiente”, detalló el también Relator de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad.
Ralón se refirió en especial a la continuidad de actos de intimidación, hostigamiento y violencia en contra de las personas que participaron en las manifestaciones populares y sus familiares.
Asimismo, a la violencia, negligencia y abusos por parte de agentes estatales dirigidos contra mujeres, discapacitados y adolescentes.
“Los patrones de violación de los derechos humanos observados en Cuba, a través de las diferentes acciones represivas dirigidas a reprimir las voces disidentes y los reclamos ciudadanos por cambios políticos y sociales se presentan como parte de una situación estructural que tiene como raíz la propia ausencia de democracia en el país”, concluyó Ralón.
Por su parte, la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, indicó que hay un empeoramiento de las condiciones para la garantía de estos derechos en el territorio nacional, muchos de los cuales fueron demandas principales en las protestas del 11 de julio.
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“Observamos un aumento generalizado en la pobreza en un contexto de crisis económica producto de una elevada inflación. También es de especial preocupación la persistente precariedad y la falta de alimentos básicos y esenciales en la isla”.
“Evidenciamos una situación de malnutrición, de disminución de la frecuencia de comidas en gran parte de los hogares cubanos, que afecta desproporcionadamente a las mujeres, a las niñas, a los niños, a los adolescentes y que genera un impacto negativo en la seguridad alimentaria y en las condiciones de vida y desarrollo físico, emocional e intelectual de las cubanas y de los cubanos”, puntualizó la relatora.
García Muñoz aludió a la permanencia de las “largas colas” y a la dificultad de muchos cubanos de obtener artículos esenciales de la canasta básica como consecuencia de los bajos salarios afectados por la situación inflacionaria.
“En materia de salud hemos sido informados que la falta de medicamentos en muchos casos ha generado el agravamiento de cuadros de enfermedad o que muchas personas utilizarán medicamentos vencidos para su tratamiento o recurrieran a mercados informales para cubrir los gastos en salud de primera necesidad”.
Gran atención dedicó la relatora a las condiciones de detención de los manifestantes del 11J. “En especial por las condiciones de hacinamiento en las que se encontrarían, el incumplimiento de las medidas de aislamiento en el marco de la pandemia, la falta de acceso a agua potable y alimentación adecuada o la negligente atención médica”.
Igualmente, la funcionaria de la CIDH dijo que es de profunda inquietud la situación de los derechos laborales en Cuba y su particular afectación por el peculiar contexto socioeconómico que existe en el país.
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“La persistencia de patrones de violación de los derechos laborales observados, entre ellos el empeoramiento de las condiciones laborales de las personas trabajadoras en Cuba y la disminución del trabajo digno y decente, el aumento del trabajo informal con una afectación diferenciada a las mujeres, la persistencia de estereotipos discriminatorios basados en el género”, afirmó García Muñoz.
El músico cubano Osvaldo Navarro, coordinador del programa cultural comunitario D.Verso, denunció en la conferencia “los perfiles racializados en el accionar de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria” (PNR).
“Esta represión tiene un impacto diferenciado en mujeres y población afrodescendiente, reprimida doblemente, válido destacar que son ellos y ellas las que viven en barrios en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema, donde la escasez de alimentos y la contaminación ambiental forman parte de su día a día”, expuso Navarro, miembro del Comité Ciudadano por la Integración Racial.
“Al mismo tiempo, es donde la policía cubana actúa con total impunidad y una violencia marcadamente racializada. Violencia que se evidenció con la muerte de Lewis Laurencio Tejera, el mártir de las protestas del 11 de julio y el asesinato reciente del joven de diecisiete años Zidán Batista, en el [reparto] El Condado, Villa Clara: Ambos negros, ambos víctima del racismo estructural y de un sistema que prejuzga a la hora de comunicar la muerte de cubanos en manos de la policía, desde un perfil basado en el color de la piel”.
El rapero abarcó las constantes violaciones al derecho de libertad de movimiento que “las fuerzas represivas ejercen contra los activistas de la sociedad civil”, ejemplificando con los casos de Marthadela Tamayo y de él mismo, que no se les permitió viajar a Estados Unidos para asistir a la 9ª. Cumbre de las Américas.
Además relató acerca de los cortes de internet que ETECSA ejecuta en complicidad con el gobierno para obstaculizar el trabajo de los activistas.
Al encuentro también asistieron la abogada asentada en Estados Unidos, Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex; Yaxis Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos; la activista Saily González y el periodista independiente Orelvis Cabrera.
