Al menos 488 civiles muertos, dos ejecuciones públicas y 18.259 personas detenidas. Es el saldo que dejan tres meses de protestas y represión en Irán.
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Las cifras recogidas por la Agencia Noticiosa de Activistas de Derechos Humanos (Hrana), podrían ser mayores debido a que la violencia continúa y el régimen aumenta su furia en un intento por acallar las movilizaciones.
Este viernes 16 de diciembre, los iraníes volvieron a las calles cuando se cumple un nuevo mes del inicio de las protestas que detonaron por la muerte de la joven kurda iraní de 22 años, Mahsa Amini, y luego se extendieron a otras demandas, incluida la caída de sus gobernantes, lo que representa uno de los mayores desafíos para el establecimiento clerical del país.
Imágenes difundidas por el grupo Iran Human Rights y verificadas por AFP mostraron a multitudes de personas que se movilizaron en la ciudad de Zahedan, sureste de la nación, donde levantaron carteles con consignas contra el régimen.
Un grupo de mujeres vestidas de negro marchó, mientras otros coreaban “muerte al dictador”, apuntando al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.
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La capital de la provincia de Sistán-Baluchistán también ha sido escenario de manifestaciones semanales desde que el pasado 30 de septiembre las fuerzas de seguridad mataron a más de 90 personas, lo que fue denominado como un “Viernes Sangriento”. Y más recientemente, por la presunta violación bajo custodia de una niña de 15 años por parte de un comandante de policía en la ciudad portuaria de la provincia de Chabahar.
Pero el común denominador de las manifestaciones en esta y otras regiones es la exigencia por el fin de los abusos, el hartazgo por décadas de dominio de un régimen y el pedido a un cambio de autoridades, un grito que se ha extendido por toda la nación tras el fallecimiento de Amini.
Su muerte luego de ser detenida por la Policía de la Moral, que consideró no llevaba el hiyab de manera “correcta”, fue el punto de quiebre para que miles se revelaran por las duras medidas contra las mujeres y muchas de ellas se quitaron y quemaron el velo obligatorio en señal de protesta, aun bajo el riesgo de ser sancionadas.
Los reclamos se extendieron dentro y fuera del país y ante una ola inédita de protestas en suelo iraní, el régimen intenta acallar miles de voces. Golpes, disparos y detenciones violentas están entre las respuestas comunes de las fuerzas de seguridad a miles de manifestantes.
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Teherán apuesta por las ejecuciones públicas para frenar las protestas
La pena de muerte es la última apuesta de la República Islámica para silenciar a quienes se expresan en su contra.
El pasado lunes 12 de diciembre, las autoridades informaron que ahorcaron públicamente al joven Majidreza Rahnward en la ciudad de Mahsad, en el este del país.
Fue ejecutado luego de participar en las protestas y tras ser acusado de presuntamente apuñalar y causar la muerte a dos miembros de la paramilitar Fuerza de Resistencia Basij. Un tribunal lo condenó bajo el cargo de “odio contra Dios”.
Rahnward tenía 23 años y pasaron justamente 23 días entre el momento de su detención y la aplicación de la pena capital, un proceso express para el desarrollo de la sentencia.
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Las organizaciones de Derechos Humanos alertan que Teherán está sentenciando a la máxima condena sin un debido proceso y en tribunales ilegítimos.
La última ejecución que se conoce se llevó a cabo sin aviso previo a la familia, a la que solo se le informó después dónde había sido enterrado su cuerpo, según señalaron activistas del colectivo de oposición 1500tasvir.
Además, la sentencia de Rahnavard estuvo basada en “confesiones forzadas y después de “un proceso extremadamente injusto y un juicio de espectáculo”, aseguró Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la organización Derechos Humanos Irán, con base en Noruega.
Se trató de la segunda ejecución en menos de una semana relacionada con las manifestaciones antigubernamentales, pero la fatídica lista pronto puede aumentar, ya que al menos otras doce personas detenidas permanecen en el denominado corredor de la muerte.
Los llamados para que Irán detenga la represión son infructuosos
La condena internacional se mantiene y pese a las recientes sanciones impuestas contra su Gobierno por parte de la Unión Europea, en el marco de la represión, el régimen no retrocede en su autoritarismo y accionar violento.
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Entre otras medidas, el pasado miércoles 14 de diciembre Irán fue expulsado de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, foro en el que participan 45 países y al que Teherán se había incorporado hace solo nueve meses.
La organización consideró que la República Islámica ejecuta políticas contrarias a los derechos de las mujeres y las niñas y la decisión fue tomada tras una votación que obtuvo 29 sufragios a favor, ocho en contra, incluidos Rusia y China, y 16 abstenciones.
“Esta es una victoria para los revolucionarios iraníes que se han enfrentado a armas y balas mientras luchan contra este estado de apartheid de género”, aseguró la periodista iraní y activista por los derechos de las mujeres radicada en Estados Unidos, Masih Alinejad.
La República Islámica calificó esa movida como “ilegal” y “sin precedentes”.
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La medida fue impulsada por Estados Unidos y de las fuertes críticas contra Teherán se hicieron eco otros países, pero la Administración de Ebrahim Raisi sigue sin atender las condenas internacionales ni los llamados de sus ciudadanos, mientras sigue recibiendo el respaldo de sus tradicionales aliados.
Rusia, China, Nicaragua y Belarús tacharon la expulsión de Teherán del organismo de Naciones Unidas como una decisión política.
