El Departamento de Estado impuso el lunes restricciones de visado a otros 93 funcionarios nicaragüenses por su papel en el apoyo al régimen del presidente Daniel Ortega.
Ortega encarceló a docenas de figuras de la oposición para ganar un cuarto mandato consecutivo en las elecciones del 7 de noviembre que fueron ampliamente criticadas como una farsa. También ha prohibido docenas de organizaciones no gubernamentales.
Desde entonces, docenas de opositores han sido juzgados o condenados en juicios breves por cargos vagos equivalentes a traición.
El Departamento de Estado anunció que había retirado los visados de los jueces que condenaron a los líderes de la oposición, así como de los legisladores que habían cooperado en la prohibición de las ONG y los grupos cívicos.
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El departamento dijo en un comunicado que los legisladores y funcionarios del Ministerio del Interior ayudaron a “al régimen a reforzar su control autoritario sobre los ciudadanos e instituciones nicaragüenses mediante el uso de leyes represivas para despojar a más de 400 ONG y una docena de universidades de su estatus legal”.
Añadió que “el régimen tiene más de 180 presos políticos, muchos de los cuales sufren de falta de alimentación adecuada, atención médica adecuada e incluso luz solar. Un preso político ha muerto y otros permanecen en régimen de aislamiento”.
El Departamento de Estado había impuesto anteriormente restricciones de visado a 116 personas vinculadas al régimen de Ortega, “incluidos alcaldes, fiscales, administradores universitarios, así como funcionarios policiales, penitenciarios y militares”.
En los últimos meses, el Departamento del Tesoro ha congelado los activos estadounidenses del ministro de Defensa y otros funcionarios de los sectores del ejército, las telecomunicaciones y la minería. Al igual que con docenas de funcionarios nicaragüenses que ya estaban bajo sanciones, a los ciudadanos estadounidenses se les prohibió tener tratos con ellos.
Con todas las instituciones gubernamentales firmemente al alcance de Ortega y la oposición exiliada, encarcelada o escondida, el líder de 75 años erosionó la esperanza que quedaba de que el país pudiera volver pronto a un camino democrático.
