El Departamento de Estado impuso el lunes restricciones de visado a otros 93 funcionarios nicaragüenses por su papel en el apoyo al régimen del presidente Daniel Ortega.
Ortega encarceló a docenas de figuras de la oposición para ganar un cuarto mandato consecutivo en las elecciones del 7 de noviembre que fueron ampliamente criticadas como una farsa. También ha prohibido docenas de organizaciones no gubernamentales.
Desde entonces, docenas de opositores han sido juzgados o condenados en juicios breves por cargos vagos equivalentes a traición.
El Departamento de Estado anunció que había retirado los visados de los jueces que condenaron a los líderes de la oposición, así como de los legisladores que habían cooperado en la prohibición de las ONG y los grupos cívicos.
El departamento dijo en un comunicado que los legisladores y funcionarios del Ministerio del Interior ayudaron a “al régimen a reforzar su control autoritario sobre los ciudadanos e instituciones nicaragüenses mediante el uso de leyes represivas para despojar a más de 400 ONG y una docena de universidades de su estatus legal”.
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Añadió que “el régimen tiene más de 180 presos políticos, muchos de los cuales sufren de falta de alimentación adecuada, atención médica adecuada e incluso luz solar. Un preso político ha muerto y otros permanecen en régimen de aislamiento”.
El Departamento de Estado había impuesto anteriormente restricciones de visado a 116 personas vinculadas al régimen de Ortega, “incluidos alcaldes, fiscales, administradores universitarios, así como funcionarios policiales, penitenciarios y militares”.
En los últimos meses, el Departamento del Tesoro ha congelado los activos estadounidenses del ministro de Defensa y otros funcionarios de los sectores del ejército, las telecomunicaciones y la minería. Al igual que con docenas de funcionarios nicaragüenses que ya estaban bajo sanciones, a los ciudadanos estadounidenses se les prohibió tener tratos con ellos.
Con todas las instituciones gubernamentales firmemente al alcance de Ortega y la oposición exiliada, encarcelada o escondida, el líder de 75 años erosionó la esperanza que quedaba de que el país pudiera volver pronto a un camino democrático.