La Administración de Nicolás Maduro sufrió un duro revés este viernes 29 de julio luego de que el Tribunal Superior de Londres falló de forma favorable para la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) que fue nombrada por Juan Guaidó en el caso del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, cuya cifra se eleva a más de 1.000 millones de dólares.
El concilio opositor había pedido a las autoridades bancarias inglesas que no permitiera el acceso de los hombres de Maduro a las 31 toneladas de oro.
El dictamen estuvo a cargo de la jueza Sara Cockerill, de la división Comercial, quien expresó que no puede convalidar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que revocó los nombramientos de Guaidó en el BCV, justificando que no hay base legal en Reino Unido para darle el visto bueno.
Empero, la jueza tampoco autorizó a la oposición para acudir a las reservas, lo que tiene que resolverse en otra audiencia.
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En sintonía con la política de Reino Unido, la magistrada manifestó que Guaidó es reconocido como el único presidente legítimo, aunque interinamente, del país latinoamericano, por lo que su designación es válida.
La máxima autoridad judicial británica enfatizó en que el Ejecutivo local no acepta el Gobierno de Maduro desde 2019. Con base a la doctrina legal inglesa de Una Sola Voz, todas las decisiones de Guaidó deben tomarse como lícitas y certificar el fallo del TSJ iría en contra de ese ideario.
Cockerill agregó que darle aceptación también representaría una vulneración del derecho de la oposición a un juicio justo, dado que no fueron citados ni presenciaron el momento en el que el tribunal de Caracas falló en el caso.
Sin embargo, aseguró que la delegación de Guaidó no dio “pruebas convincentes” de que el TSJ no sea imparcial e independiente.
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La parte opositora le afirmó a la agencia EFE que recurrirán la sentencia, algo que debiera suceder en agosto para que la jueza se vuelva a expedir en septiembre.
En tanto que se aguarda una extensión de la Justicia londinense en los próximos meses para dirimir otros puntos de la causa, entre ellos, si el organismo de Guaidó podrá gestionar los activos venezolanos en suelo inglés.
El representante legal de Maduro, Sarosh Zaiwalla, tildó de “desafortunado” que la jueza “se viera constreñida por normas técnicas” y ratificó que continuarán la contienda “para garantizar que los activos soberanos de Venezuela se preservan en beneficio”.
La puja por el acceso al oro arrancó en mayo del 2020, cuando Calixto Ortega –presidente de la junta oficial del BCV- apuntó contra el Banco de Inglaterra por no cumplir con la transacción de 930 millones de euros de las reservas que eran requeridos para la lucha contra la crisis del Covid-19.
Esta resolución podría sentar un precedente para el litigio planteado por el Deutsche Bank, que data de la misma época, y que consiste en un reclamo de 120 millones de dólares derivados de la finalización de un contrato por permuta de oro.
