El presidente peruano Pedro Castillo compareció el viernes ante los fiscales nacionales para enfrentarse a preguntas como parte de una investigación en su contra en la que se le acusa de ser el líder de una presunta conspiración criminal que recibió sobornos por contratos de obras públicas.
Anteriormente, Castillo dijo en Twitter que buscaba “aclarar las acusaciones y especulaciones… en un acto de transparencia con el pueblo y colaboración con el poder judicial”.
El presidente caminó por las calles del centro histórico de Lima, incluida una carretera principal donde se bloqueó el tráfico. Estaba rodeado de guardias de seguridad y policías antidisturbios, algunos a caballo y otros en motocicletas.
Castillo estrechó la mano de varias personas presentes, pero se negó a responder a las preguntas de los periodistas.
Decenas de personas gritaron “criminal” al presidente a través de megáfonos, mientras que otras le pidieron que fuera encarcelado.
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Los fiscales también están investigando al exministro de Transporte del presidente, Juan Silva, y a seis legisladores. La investigación se refiere a una acusación de que un grupo criminal liderado por Castillo supuestamente había recibido beneficios de obras asignadas indebidamente a algunos líderes empresariales.
Seis expresidentes peruanos que lideraron el país entre 1985 y 2020 han sido condenados, acusados o investigados por corrupción o blanqueo de dinero. Uno de ellos, Alan García, que fue presidente de 1985 a 1990 y luego de nuevo de 2006 a 2011, se suicidó antes de poder ser detenido como parte de una investigación sobre sobornos por parte de la empresa constructora brasileña Odebrecht.
En los 10 meses que ha estado en el cargo, Castillo ha sobrevivido hasta ahora a dos esfuerzos de destitución en el Congreso en lo que es la continuación de una crisis política que comenzó en Perú en 2016 y ha llevado a la inestabilidad, así como a cinco presidentes y tres disoluciones del Congreso.
Las encuestas muestran que los peruanos están muy descontentos tanto con Castillo como con el Congreso.
Una encuesta de mayo del Instituto Peruano de Estudios muestra que Castillo sufre una calificación de desaprobación del 70 %, mientras que el Congreso se sitúa en el 87 %. Más de la mitad de la población, el 67 %, cree que lo mejor para el país sería que el presidente y el Congreso renunciaran para que se puedan celebrar nuevas elecciones.
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Castillo prestó juramento el 28 de julio de 2021 y está previsto que su administración dure cinco años, hasta el 28 de julio de 2026.
