Nicaragua vuelve a cerrar el cerco a las organizaciones no gubernamentales. Este lunes 19 de septiembre, el Gobierno del país centroamericano canceló la personalidad jurídica de otras 100 ONGs.
En la nueva lista figuran dos entidades creadas por exmilitares y excombatientes sandinistas: la Asociación de Combatientes Retirados del Ejército Popular Sandinista, Movimiento de Renovación (Asocomret) y la Asociación para el Desarrollo Integral de Retirados del Ejército, Ministerio de Gobernación y Desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense Horizonte Azul (Asociación Horizonte Azul).
También fueron vetadas organizaciones ambientalistas, médicas, educativas, de desarrollo comunitario y de atención a grupos de riesgo.
Los legisladores sandinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional han ilegalizado 1.269 ONG en lo que va de año. Así las cosas, suman un total de 1.868 las clausuradas, de cerca de 6.000 registradas, desde la revuelta popular de abril de 2018.
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El Ministerio de Gobernación canceló la personalidad jurídica de estas instituciones aferrándose a una reciente reforma a la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, que le otorga esa facultad. Antes correspondía exclusivamente al Parlamento.
ONG ilegalizadas por “incumplir sus obligaciones”
Según el Ministerio de Gobernación, esas 100 ONG fueron canceladas por “incumplir con sus obligaciones” de acuerdo a la Ley de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y su Reglamento, y la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
La cartera del Interior también dijo que las entidades clausuradas estaban en abandono y que las juntas directivas estaban acéfalas.
Además, denunció que no reportaron los estados financieros por más de 4 y 24 años, así como tampoco detalles de donaciones, su origen y beneficiario final.
Aunque no ha presentado pruebas, el diputado sandinista Filiberto Rodríguez dijo que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones de 2018.
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Prohibición a procesiones religiosas
En una noticia paralela, decenas de católicos de la ciudad nicaragüense de Masaya celebraron este lunes la “bajada” de San Miguel de Arcángel sin sacarlo en procesión a las calles debido a una prohibición policial. La conmemoración fue supervisada por agentes de seguridad.
La Policía Nacional prohibió las procesiones alegando razones de seguridad pública, según dijo la Arquidiócesis de Managua el pasado sábado.
Este nuevo capítulo de limitaciones a la Iglesia se suma al encarcelamiento de clérigos, entre ellos, el obispo Rolando Álvarez, y al cierre de nueve emisoras y tres canales de televisión católicos en agosto.
Este año, el Gobierno sandinista también expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad.
Al menos diez disidentes fueron detenidos la semana pasada
Al cierre de las ONG y la prohibición de celebraciones religiosas se suma el arresto de al menos diez disidentes sandinistas y sus familiares la semana pasada.
Un grupo de 13 organizaciones opositoras nicaragüenses, entre ellas la Unidad Nacional Azul y Blanco y el Movimiento en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Volcanes (Movimiento Campesino), acusaron al presidente Daniel Ortega de establecer “un Estado de excepción de facto y terror”, así como un “partido único” en Nicaragua.
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Se unió a la misiva la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El despacho denunció un deterioro en el cumplimiento de los derechos humanos en el país latinoamericano en los últimos cuatro años, que incluye atentados contra las libertades de expresión, reunión y movilización, además de acciones contra la prensa y la Iglesia católica.
Asimismo, las organizaciones Iniciativa por el Cambio, Comunidad Nicaragüense en Guatemala, Unión Nicaragüense Autoconvocada (UNA), Agentes de Cambio Nicaragua (Marimba), y Mesa de Trabajo New York New Jersey, aseguraron que el presidente y su esposa buscan “mantener un control férreo en todos los aspectos de la vida de los nicaragüenses cercenando sus libertades”.
En el último año, Ortega ha encarcelado cerca de 200 políticos, empresarios, líderes sociales, estudiantes y periodistas.
Crisis en Nicaragua
En abril de 2018, miles de nicaragüenses protestaron por unas controvertidas reformas a la seguridad social. El Gobierno de Ortega respondió con fuerza, por lo que los ciudadanos empezaron a exigir también la dimisión del mandatario del país centroamericano.
Las protestas, calificadas como intento de golpe de Estado por el presidente nicaragüense, dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684. El Gobierno de Ortega solamente reconoce 200 fallecidos.
Desde entonces, Nicaragua atraviesa una crisis política y social, agudizada tras las elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral y con sus principales contrincantes en prisión.
