En plena polémica internacional por la visita del dictador Nicolás Maduro a la Argentina para participar de la cumbre de la CELAC, continúan las denuncias contra el régimen chavista por las brutales violaciones a los derechos humanos. Denuncias que son enviadas a la Corte Penal Internacional (CPI), luego de que el fiscal Kharim Khan pidiera reanudar la investigación por los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los aparatos del estado venezolano.
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En este contexto, la actriz, cantante y presentadora venezolana, Gladys Chirino Salcedo, popularmente conocida como Azabache, recordó en sus redes sociales que el plazo para la presentación de esas denuncias vence el próximo 7 de marzo.
“El 7 de marzo vence el plazo para hacer tu denuncia online ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, cometidos por el régimen tirano venezolano desde febrero de 2014 a la fecha. Denuncia estos siete casos: asesinato, deportación o traslado forzoso de población, detención arbitraria, tortura, violación u otros abusos sexuales igual de graves, persecución a un grupo o colectividad por motivos políticos, y desaparición forzada de personas por el Estado o una organización política”, señaló la artista radicada en Argentina hace más de 20 años.
La Corte Penal Internacional comenzó el pasado 5 de diciembre el proceso para recibir las denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El organismo facilitó en su página web un formulario para que las víctimas expliquen su caso y compartan la documentación necesaria.
La Corte abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas de seguridad del régimen en la represión de las multitudinarias protestas contra Maduro un año antes, en las que murieron unas 100 personas.
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El pasado mes de noviembre el fiscal Karim Khan presentó una solicitud ante la Sala de Cuestiones Preliminares I del organismo solicitando una autorización para que su Oficina reanude su investigación en la Situación en la República Bolivariana de Venezuela. Esto, pese al pedido de aplazamiento realizado por la dictadura de Maduro.
Después de una evaluación objetiva e independiente de una cantidad significativa de información proporcionada por Venezuela hasta la fecha, así como de otras fuentes creíbles, Khan ha concluido que “el aplazamiento solicitado por Venezuela, en esta etapa, no está justificado, y que se debe autorizar la reanudación de la investigación”, indicó en un comunicado.
A fines de marzo del año pasado, en el marco de su visita a Caracas, Karim Khan anunció que la CPI abriría una oficina en Venezuela, luego de que en noviembre de 2021 decidiera abrir una investigación al país caribeño para determinar si se produjeron crímenes de lesa humanidad, tal y como denuncian la oposición y diversas organizaciones no gubernamentales, y a pesar de todos los esfuerzos del régimen chavista para dilatar el proceso en el tribunal internacional.
De esta manera, los resultados de la selección de las denuncias presentadas ante la CPI serán presentados ante la Sala de Cuestiones Preliminares I hasta el 7 de marzo de este año. Por su parte, se espera que el régimen de Maduro, que ha apelado a todos los recursos posibles para dilatar la investigación, envíe sus observaciones antes del próximo 28 de febrero.
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Brutales métodos de torturas
Las investigaciones que se han venido realizando sobre la situación en Venezuela son concluyentes.
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La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFMV, por sus siglas en inglés) presentó en septiembre del año pasado su tercer informe anual, el cual se centró en los crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de inteligencia que responden al dictador Maduro, y la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas del estado Bolívar. Los investigadores concluyeron que las torturas perpetradas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) no fueron actos aislados, sino parte de una “maquinaria” y “un plan del gobierno para reprimir a la disidencia”, que fue “orquestado” por Maduro.
El contundente reporte concluyó que los organismos de inteligencia del Estado civil y militar de Venezuela funcionan como estructuras bien coordinadas “en la ejecución de un plan orquestado en los niveles más altos del gobierno para reprimir la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad”.
La Misión documentó 122 casos de víctimas que fueron “sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” perpetrados por las fuerzas de la dcitadura chavista desde 2014 hasta la actualidad. La violencia y la persecución, afirma claramente el documento, es sistemática. No se trata de excesos de las fuerzas de seguridad, no se tratan de hechos aislados: en Venezuela hay un “plan orquestado al más alto nivel político, liderado por el propio Nicolás Maduro”, aseguró en conferencia de prensa Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
Los investigadores documentaron los siguientes actos de tortura, violencia sexual y otros malos tratos: posiciones de tensión denominadas la “crucifixión” (brazos extendidos y esposados a tubos o rejillas) y “el pulpo” (un cinturón metálico con cadenas atadas para inmovilizar la muñeca y los tobillos); asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un cubo de agua; golpes, a veces con un palo u otros objetos contundentes; descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo; amenazas de muerte o de violencia adicional; amenazas de violación contra la víctima y/o sus familiares; desnudez forzada incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas; y estar encadenado durante largos períodos de tiempo.
Las torturas tenían lugar en la sede del DGCIM en Boleíta, Caracas, y en una red de 17 centros de detención clandestinos en todo el país.
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Michelle Bachelet, ex alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, también constató en reiterados informes durante su gestión graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La ex presidenta de Chile fue detallando año tras año la situación en el país caribeño, y en sus contundentes reportes denunció torturas, asesinatos, crisis sanitaria y migratoria, e inacción por parte del régimen de Maduro ante las denuncias.
En marzo del año pasado, en una nueva actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, Bachelet reiteró, entre otras cosas, que “todos los detenidos arbitrariamente deben ser puestos en libertad y debe garantizarse el debido proceso”, al tiempo que exigió que reciban “atención médica adecuada”.
Asimismo, denunció atropellos contra la libertad de prensa y de expresión, y expresó su preocupación “por la falta de disponibilidad de información pública”.
Otros organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Human Rights Watch, entre otros, también son férreos denunciantes de las violaciones a los derechos humanos en el país caribeño.
En base a estas y otras tantas pruebas, la Corte de La Haya no sólo tiene en la mira a Maduro. Lo que investiga es un plan sistemático ordenado por el dictador pero ejecutado por un grupo de sus funcionarios con puestos de decisión en dependencias clave del estado venezolano. El listado es confidencial, pero de acuerdo al periodo investigado y las posiciones de poder en el organigrama del régimen, estos son los hombres y mujeres clave de la dictadura que pueden ser condenados por la CPI por delitos de lesa humanidad: Nicolás Maduro Moros (dictador de Venezuela); Tareck El Aissami (Vicepresidente hasta el 14 de junio de 2018); Vladimir Padrino López (Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional de 2014 a 2017; Ministro de Defensa -cargo actual-); Delcy Eloína Rodríguez Gómez (Vicepresidenta del régimen de Venezuela. Ministra de Relaciones Exteriores entre 2014 y 2017. Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente hasta el 14 de junio de 2018); Diosdado Cabello Rondón (Vicepresidente del PSUV, diputado chavista y presidente de la Asamblea Paralela que montó la dictadura para desplazar al Parlamento electo democráticamente); Maikel Moreno (desde febrero de 2017 es presidente del Tribunal Supremo de Justicia); Tarek William Saab (Fiscal general de Venezuela desde 2017); Jorge Arreaza Montserrat (Ministro de Relaciones Exteriores de 2017 a 2021); Antonio Benavides Torres (Mayor General, fue Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana desde julio 2016 hasta enero 2018); Carlos Alfredo Pérez Ampueda (General de Brigada, Director de la Policía Nacional Bolivariana desde marzo 2017 hasta mayo 2019); y Néstor Luis Reverol Torres (entre 2014 y 2016 se desempeñó como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana); entre otros.
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Todos ellos fueron determinantes en la cadena del horror: o bien porque participaron en la toma de decisión y ejecución de la brutal represión, o porque desde la Justicia sepultaron cualquier tipo de investigación imparcial que garantizara el debido proceso.
Qué pueden hacer las víctimas
En este tipo de casos la información detallada es clave. Por eso, es importante que las víctimas sepan lo que deben tener en cuenta para presentar sus respectivas denuncias ante la CPI.
El organismo reconocerá a una víctima como tal cuando se corrobore que hayan sufrido daños personalmente, o a personas cercanas, como familiares, de acuerdo a lo estipulado en el apartado 85 de las Reglas de Procedimiento y Prueba del organismo. El daño puede incluir lesiones físicas, mentales o pérdidas económicas.
“Las víctimas también pueden incluir organizaciones e instituciones cuando su propiedad está dedicada a ciertos fines (religión, educación, arte, ciencia, fines benéficos, humanitarios, monumentos históricos y hospitales) es dañada como resultado de un crimen de la jurisdicción de la CPI”, aclara la CPI. Y agrega: “En esta etapa del procedimiento, las víctimas no necesitan estar representadas por abogados. Los abogados que deseen ayudar a las víctimas a compartir sus puntos de vista y preocupaciones con los jueces de la CPI no tienen derecho a la asistencia legal ante la CPI”.
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En el formulario publicado por la CPI, los denunciantes deben incluir, en primera instancia, los motivos de la consulta, y datos personales sobre la víctima o afectado. También hay un apartado para compartir información sobre la persona que representa a las víctimas. Esta persona, con la que la CPI mantendrá el contacto, puede ser un afectado o un abogado.
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Los denunciantes también deben poner el vínculo que mantienen con la víctima, el consentimiento de ellas para presentar la denuncia, y descripción del hecho en cuestión. En este sentido, el organismo pide datos precisos como sitio, autores del crimen y daños que sufrieron. La Corta aclara a las víctimas que todos los datos son confidenciales y manejados de manera privada.
Las personas que descarguen el formulario pueden enviar la denuncia por correo electrónico a VPRS.Information@icc-cpi.int o en físico por correo postal a la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya, los Países Bajos.
La CPI es una instancia de último recurso y se rige por el principio de complementariedad. Es decir, no intervendría si la Justicia venezolana demostrara llevar a cabo auténticas pesquisas sobre los abusos. Pero en Venezuela no hay Justicia, hay presos políticos, ejecuciones extrajudiciales y torturas.
