Con gritos como “afuera presidenta” y “la dictadura va a caer”, transcurre una masiva protesta en Lima, a donde han llegado personas provenientes de distintas regiones peruanas en el marco de una gran marcha antigubernamental.
En autobuses y a pie, miles han viajado durante dos días hasta la capital, portando banderas y pancartas que critican al Gobierno y a la Policía por presunto uso excesivo de la fuerza, tras los enfrentamientos fatídicos en ciudades sureñas como Ayacucho y Juliaca.
“Queremos centralizar nuestro movimiento aquí en Lima, que es el corazón de Perú, a ver si se mueven”, afirmó Domingo Cueva, un manifestante en la estatal Universidad de San Marcos.
Algunos grupos, principalmente de campesinos e indígenas, se han alojado en los campus de las universidades de San Marcos e Ingeniería, apoyados por los estudiantes para participar en las movilizaciones.
Simultáneamente, la violencia se extiende por distintas zonas de la nación, así como los bloqueos de carreteras y de vías intermunicipales. De acuerdo con datos oficiales, las interrupciones al tránsito de vehículos continúan en más de 10 regiones.
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Las autoridades han desplegado un significativo dispositivo de seguridad. Solo en Lima el Gobierno ordenó la presencia en las calles de más de 10.000 agentes.

Los manifestantes rechazan la propuesta del Congreso de convocar a elecciones generales para abril de 2024 y exigen que el cambio de Administración sea completo e inmediato. Por ende, piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien se desempeñó como vicepresidenta de Castillo y asumió el liderazgo del Ejecutivo y el Cierre del Legislativo.
Según el calendario oficial, el proceso estaba pautado para 2026, cuando concluía el periodo para el que fue elegido el derrocado mandatario, quien permanece en prisión preventiva.
Aumenta a 54 la cifra total de fallecidos
Este jueves 19 de enero fue confirmada la muerte de un manifestante más que había resultado herida y recluido en un hospital un día antes tras enfrentamientos entre activistas y la fuerza pública en la localidad de Macusani, en la sureña región de Puno.
Su fallecimiento eleva a 54 la cifra oficial de víctimas mortales desde que iniciaron las protestas el pasado diciembre.
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El miércoles 18 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia de las fuerzas de seguridad y también los destrozos a bienes públicos causados por los manifestantes.
“Condenamos la violencia por parte de las fuerzas de seguridad que están en proceso de investigación y también la violencia que ha afectado a una serie de bienes públicos”, expresó el vicepresidente de la Comisión, Edgar Stuardo Ralón.
Suspenden las operaciones los aeropuertos de Cusco y Arequipa
Este jueves, las autoridades cerraron el aeropuerto de Arequipa, en el sur de Perú, como “medida de seguridad”, luego de que se registraran enfrentamientos entre policías, que utilizaron gases lacrimógenos, y manifestantes, algunos de los cuales lanzaron piedras.
A pesar del resguardo de policías y militares, cientos de manifestantes lograron ingresar al Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón, muchos de ellos tras derribar un cerco perimétrico de la terminal aérea.
Posteriormente, las autoridades informaron que recobraron el control del aeropuerto.
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Entretanto, El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que “como medida de prevención” suspende temporalmente las operaciones del Aeropuerto Internacional Velasco Astete, de la turística ciudad de Cusco.
“Esta acción se realiza en el salvaguarda de la integridad de las personas y la seguridad de las operaciones aeronáuticas”.
La prensa peruana reporta que las restricciones al transporte aéreo dejan cerca de 150.000 pasajeros afectados y se prevé que sus afectaciones sigan presentándose hasta julio.
“Ni democracia ni paz”
El miércoles, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, aseguró que si no se cumplen estas demandas no habrá “ni democracia ni paz” en el país.
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Si Boluarte renuncia, al no tener nadie ocupando la Vicepresidencia, el mando del país pasaría al presidente del Congreso, el conservador José Williams Zapata. Es en parte por eso que los manifestantes piden un cambio total de los poderes en Perú.
Sin embargo, la presidenta, que sucedió al izquierdista Pedro Castillo, a quien la Justicia acusa de haber buscado un golpe de Estado, mantiene que su intención es quedarse en el cargo.